Mil millones de personas, el 15% de la población mundial, tienen alguna forma de discapacidad. La pandemia de Covid-19 agravó su exclusión estructural, limitando aún más sus posibilidades de acceder a servicios médicos, educación, opciones laborales y las dejó expuestas a posibles abusos y violación de sus derechos durante el confinamiento en instituciones públicas o privadas, centros psiquiátricos, sitios de reclusión e incluso en sus propios lugares de residencia.
Sin apoyo adicional o medios para obtener servicios diarios durante esta crisis sanitaria, muchas personas con discapacidad afrontan un doble riesgo por las enfermedades de base que padecen, mientras que otras –por distintas razones vinculadas al largo periodo de encierro y aislamiento– incrementaron sus problemas físicos, sicológicos y emocionales. Las dificultades económicas obligaron a muchos hogares a renunciar a cuidadores o enfermeras para atender a sus familiares con discapacidad. Adicionalmente, quienes dejaron de trabajar disminuyeron de manera parcial o total sus ingresos, lo que ha causado un enorme impacto en su economía familiar o en sus aspiraciones de vivir de forma independiente.
